Judiciales y Policiales
Una provincia sin Justicia

Los Antiguos, el lejano oeste para una familia que busca protección de agresores vinculados al gobierno

La localidad de Los Antiguos en el ojo de la tormenta.

En el pequeño pueblo de Los Antiguos, en Santa Cruz, un caso de violencia familiar, donde está involucrada una familia vinculada al poder, no deja de traer consecuencias a la familia de las víctimas.

María V. es una joven madre de un menor de 7 años, cuya familia paterna y el propio padre del niño, apelan a cualquier recurso, no solo para avalar hechos de violencia contra María y toda su familia, sino para provocarlos, con el apoyo de influyentes del gobierno provincial.

La joven fue víctima de una medida cautelar inconstitucional que no le permitía moverse de la provincia, durante ocho meses, servida en bandeja al agresor, que le quebró el tabique, amenazó con matarla junto a toda su familia. En el medio, el niño, para quien, como para otros niños, no hay justicia, porque los juzgados de Santa Cruz, viven de paro eterno por conflictos con su gobernadora.

María un día conto su historia de padecimiento y violencia, la hizo pública, y la madre de su ex pareja, hasta ofreció dinero en las redes sociales, para que le den una paliza. La mencionada es nada menos que la Secretaria de Trabajo del Municipio de la Intendencia de Guillermo Mercado, y su nombre, Dora del Carmen Rivera, esposa de un policía retirado. Esta gente no hace más que ejercer violencia amparados, y lo dicen, tenemos “chapa” con el gobierno de la ciudad y de la provincia.

Luego de que la historia de violencia contra la madre del niño, se hiciera pública, interviniendo hasta el Ministerio de Justicia de la Nación, por medio de la Casa de la Mujer de la Nación, María encontró un poco de paz, levantaron la cautelar que le impedía moverse del pueblo y dictaron una restricción de acercamiento contra Diego Aibar, y se espera la misma medida contra su madre, la funcionaria y el padre, policía retirado. Después de meses el menor fue recibido por la jueza quien determino por medio de un informe, que el niño tiene terror a sus abuelos paternos. Por lo que se hace responsable al padre, Diego Aibar, de los daños que pueda ocasionar en la psiquis del niño.

Pero no iban a quedarse tranquilos, porque los hechos de violencia, amenazas y abuso de autoridad son habituales en la familia Aibar-Rivera. Ahora buscando la influencia del tío del agresor, asesor cercano al gobierno provincial, Alejandro Aibar. Se cree que este sujeto habría influenciado en el Ministerio de Educación para que Laura, la abuela materna del niño, pierda su trabajo como docente, con una falsa denuncia.

Los Aibar-Rivera ya habían intentado esto, denunciándola de terrorista en la escuela donde trabaja, la acusaron de querer poner bombas a la escuela por estar casada con ex combatiente británico de la guerra de Malvinas. El accionar de esta gente además incluye prejuicios y discriminación.

Todo está asentado en la jefatura de policía de Los Antiguos, donde la familia de María debe dirigirse a denunciar cada vez que un hecho de esta naturaleza ocurre. Las denuncias son recibidas por el Comisario Daniel Quiroga, aunque los pedidos de protección al llegado al Subjefe de la Policía de la Provincia, ya que el abuelo paterno del niño, hermano del asesor de Alicia, Alejandro Aibar, pudo influir en la policía para que la medida de restricción de acercamiento se demorara meses, a pesar de las pruebas contra su familia. De los hechos de amenazas, violencia y agresiones también está al tanto la Jefatura Departamental de Caleta Olivia.

El último viernes, mientras Laura Canessa, la mama de María, la joven madre del niño disputado por los Aibar-Rivera, se encontraba cumpliendo funciones como docente, le informan de la escuela donde trabaja por la mañana, que debían sacarla del cargo, por orden del Ministerio de Educación, por una denuncia de violencia contra un alumno, quien daba la orden para hacerse efectiva de inmediato, era la Inspectora de Zona Norte, que se dirigía desde Caleta Olivia a los Antiguos a hacer efectivo la separación del cargo de Laura.

La gravedad del hecho reside en que no hay ninguna denuncia en su contra, esto pudo chequear NOVA con la policía local y provincial, ningún hecho de violencia se registró con ningún alumno en la escuela. Por lo tanto, la Inspectora Velázquez está a punto de sacar del cargo a una docente, basada en una denuncia que no existe, por el mero hecho de las vinculaciones de los Aibar-Rivera con y desde el gobierno.

Un gobierno que desgobierna, que deja a los niños, sus madres y sus familias sin justicia, por paros, o por amiguismos y acomodos.  El mismo gobierno que por medio de un Ministerio, el de Educación, se presta a una venganza de carácter personal, de una familia de trabajadores, víctimas de la violencia de la funcionaria Municipal y su familia. Gente que no respeta la institucionalidad, ni el derecho de los demás a vivir en paz, sin amenazas de muerte, involucrando menores en hechos graves.

NOVA pudo saber que la señora Rosa Aibar, pidió por mensajes de Whats app a algunos alumnos de Laura, mama de María, que la graben dando clases para poder inventarle una causa para que pierda su trabajo. Recordemos que la señora Aibar es la funcionaria a cargo de la secretaria de Trabajo del Gobierno Municipal de Guillermo Mercado. Los alumnos, menores de edad, hacemos hincapié en esto, se negaron a afectar a su profesora, grabándola.

Nunca sabremos cual será el próximo intento de la familia Aibar-Rivera, la familia materna teme, ya que apelan a los más bajos recursos aportados por sus “contactos” en el gobierno de la provincia. La separación del cargo de Laura, fue aplazada hasta el lunes, puesto que la dirección de la escuela informo que los hechos que se le atribuyen para ello, son falsos.

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