“En el día de la fecha, hemos iniciado las acciones legales correspondientes donde manifestamos expresamente el uso de nuestros nombres en un listado que fue sacado por el Ejecutivo. También las irregularidades en las valoraciones y cargas”, amplió otra de las encargadas gremiales en la Junta clasificatoria.

“Le solicitamos en su momento al Consejo Provincial de Educación (CPE), un informe detallado de quiénes habían ingresado al sistema informático desde el 22 de diciembre hasta el 20 de enero”, revelaron las voceras.

Para colmo, tras tanto oscurantismo en el CPE y en connivencia con el Ejecutivo provincial, las respuestas fueron nulas: “Por supuesto que no hemos recibido respuestas al respecto. Ante semejante denuncia pública que hemos hecho, lo único que hemos recibido es una instrucción sumarial”, concluyeron desde ADOSAC.

Además de estas irregularidades, a las que tendrá que responder la presidenta del CPE Cecilia Velázquez, también el paro es una respuesta a la miserable oferta salarial que el Gobierno de Alicia Kirchner le ofreció a los docentes: un 10 por ciento recién para mayo.

Por último, desde ADOSAC también dejaron al descubierto los métodos violentos y amedrentadores que utilizó contra los manifestantes al mandar a la Policía como una estrategia intimidatoria: hay “militarización de las escuelas”, publicaron.