Desde este lunes 11 de marzo, la APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control) se encuentra con medidas de fuerza consistentes en retención total de actividades por tiempo indeterminado. Se reclama recomposición salarial, y tratamiento de escalafón y estatuto propio.
Los agentes del Tribunal de Cuentas no poseen estatuto ni estructura escalafonaria propia, y en su gran mayoría, perciben salarios determinados por asociación a un cargo político. Reiteradamente durante el año 2018, fueron excluidos de las recomposiciones salariales otorgadas para la administración central, debiéndose en cada ocasión recurrir a parches, generándose adicionales particulares o incrementando los ya existentes, careciendo a la fecha de racionalidad su estructura salarial.
A ello se agrega la injusticia salarial sostenida desde la misma Ley 500, al garantizar una remuneración para los vocales con enganche en la estructura judicial, lo que no se garantiza para los restantes trabajadores; a lo que se sumó la recomposición sectorizada realizada por Decreto 48/19 (adicional por bloqueo de títulos para secretario de estado, subsecretarios y jerarquías equivalentes), que sólo alcanza a algunos agentes.
Durante 2018, se presentó a la Legislatura un proyecto de reforma de la Ley 500 (desde esta Vocalía), y la Asociación Gremial presentó una propuesta de escalafón y estatuto, que no merecieron mayor tratamiento.
A la fecha, se encuentra en trámite un nuevo parche salarial, pero la solución de fondo debe ser la reforma del Tribunal de Cuentas, de la Ley 500 y la aprobación de un estatuto y escalafón propio. Lo restante, aunque necesario, son soluciones provisorias, que garantizan la reiteración del conflicto a los pocos meses.
