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Cinco semanas de lucha docente por el salario que Alicia ratonea

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, sigue sin cerrar tratos.

El conflicto docente en Santa Cruz ingresó en su quinta semana con un paro de 72 horas y un alto acatamiento a las medidas de fuerza, que reclaman la reapertura de las paritarias para discutir un salario que saque a la docencia de la línea de pobreza.

En este sentido es importante remarcar que un docente recién ingresado cobraba en enero de 2023 un salario que apenas alcanzaba los 100 mil pesos contra una canasta básica que superaba los 163.500. Es decir, hacía falta un incremento de 63.500 pesos para alcanzar la línea de pobreza.

Actualmente, un docente recién ingresado cobra 110 mil pesos, luego de la primera cuota de recomposición salarial impuesta por el gobierno sin aceptación de la docencia, mientras que la canasta básica supera los 177 mil. Es decir, que luego del aumento impuesto hace falta un incremento de un poco más de 67 mil pesos para salir de la línea de pobreza.

El Gobierno volcó una campaña mentirosa diciendo que los docentes no iban a perder con la inflación porque proponía pagar una cláusula gatillo de seis meses (de enero a junio) y una recomposición salarial de 4 por ciento retroactiva a enero.

La verdad es que cuando Alicia Kirchner asumió su primer Gobierno un docente recién ingresado cobraba unos 400 pesos por encima de la canasta de pobreza, esto hace siete años y con un valor del peso muy superior al actual.

Para imponer esta oferta salarial, que era rechazada en todas las asambleas de la provincia, recurrió al llamado a conciliación obligatoria, que fue rechazada por Adosac pero aceptada por Amet (por orden de la dirección nacional, no por decisión de sus afiliados).

En ese cuadro, el Gobierno acordó su propuesta con un sindicato que no representa ni siquiera al 10 por ciento de la docencia de Santa Cruz y dio por cerrado el conflicto.

No sin antes imponer un nuevo expediente que iría por una segunda multa millonaria contra Adosac, que ya viene de recibir una ejecución de la Justicia de 32 millones de pesos por un conflicto anterior, donde se rechazó la conciliación obligatoria en 2017, cuando se luchaba por cobrar el salario.

Actualmente, avanzan las amenazas de descuento sobre los salarios docentes y aún así la medida de fuerza supera el 80 por ciento de acatamiento en toda la provincia.

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