La vocal por la minoría política es la abogada Yanina Gribaudo, quien milita en el radicalismo provincial, lo cual llevó a que su partido la proponga para el cargo, el cual ocupa desde febrero de 2020.

Desde que llegó al Tribunal de Cuentas realizó más de 200 pedidos de informes a los organismos públicos que le toca controlar sobre compras, contrataciones, obras y otros gastos del Estado. Una decena de ellos los convirtió en denuncias judiciales.

“Esto es una persecución política, persiguen a quienes investigan y controlan, ya pasó con el procurador de justicia, Eduardo Sosa. No tengo dudas que el kirchnerismo con mi apartamiento actúa en su búsqueda de impunidad”, aseguró Gribaudo.

Todo empezó el 14 de febrero último, cuando las vocales designadas por el Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas, Romina Gaitán y Matilde Morales, solicitaron mediante nota al presidente del Tribunal, Carlos Ramos, que aparte de su cargo a Gribaudo por su participación política activa.

Argumentaron que se trata de “una incompatibilidad manifiesta en cuanto al accionar de los vocales integrantes del Tribunal de Cuentas” por lo cual requieren que la oposición nombre en su lugar a otro vocal.

La nota fue acompañada con capturas de la red social Facebook de la cuenta personal de Gribaudo donde ella acompaña al senador Eduardo Costa y al precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales.

La vocal Gribaudo sostuvo: “No hay incompatibilidad en el ejercicio del cargo de la minoría y así lo respaldan distintos informes en la justicia federal, donde se avala que un vocal del Tribunal de Cuentas puede participar políticamente incluso en cargos electivos”.

“Es palpable y preocupante el desconocimiento normativo en la presentación realizada por las vocales”, sostuvo en su respuesta interna Gribaudo y agregó que la misma debería haber sido rechazada por la presidencia del organismo “por resultar fuera de su competencia como órgano de contralor y carecer de fundamentos de manera palmaria, cierta y patente”.

Ante la respuesta, el presidente del cuerpo, Ramos, elevó el caso a la fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Tanarro y en cuyo cuerpo de abogados se encuentra Romina Mercado, la hija de la gobernadora.

Gribaudo sostiene que Santa Cruz es una de las pocas provincias donde el Tribunal de Cuentas, el organismo oficial que debe controlar las cuentas públicas, está presidido y tiene mayoría del propio oficialismo que debe controlar, “es decir que el oficialismo se controla a sí mismo”, sintetizó la vocal.