Al hablar de las políticas ausentes en dicha materia, citan un el artículo 2 que establece que “La Caja de Servicios Sociales (CSS) deberá brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio” y que dicha atención debe contemplar “la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Aplicación”.

Por otra parte ponen el acento en el apartado que señala que "el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia brindará cobertura gratuita en todos los aspectos señalados a aquellas personas que carecieran de obra social”.

Según denuncian, "nada de eso se ha implementado con la excusa de que la Ley 3594 no ha sido reglamentada desde hace 4 largos años."

"La Ley Nacional recién se reglamentó en 2021 por decreto 603/2021, pero en Santa Cruz nada se sabe al respecto, ni siquiera se ha reglamentado la línea gratuita para la prevención del suicidio votada por ley provincial 3697 en 2020" indicaron.

A su vez, señalan que la principal responsable es la propia gobernadora Alicia Kirchner quien encabeza el gobierno que no implementa políticas efectivas para paliar la situación.

Según estadísticas policiales hubo 37 suicidios en 2020 y 54 en 2021 en Santa Cruz lo que lleva a una tasa de 20 suicidios por cada 100 mil habitantes cuando a nivel nacional oscila entre 7 y 10 casos cada 100 mil habitantes.

"La salud mental y la prevención del suicidio también están siendo sacrificadas en el altar del ajuste exigido por el FMI, con el apoyo de los partidos del poder" concluyeron.