Por su artículo 2, establece que “La Caja de Servicios Sociales (CSS) deberá brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio”.

Esta atención debe comprender “la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Aplicación”. Para el caso de no contar con cobertura de obra social, “… el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia brindará cobertura gratuita en todos los aspectos señalados a aquellas personas que carecieran de obra social”.

La manda legal es tan clara que no necesita reglamentación para constituir un derecho exigible por las familias afectadas. Nada de eso se ha implementado con la excusa de que la Ley 3.594 no ha sido reglamentada desde hace cuatro largos años.

La ley nacional recién se reglamentó en 2021 por decreto 603/2021, pero en Santa Cruz nada se sabe al respecto, ni siquiera se ha reglamentado la línea gratuita para la prevención del suicidio votada por Ley provincial 3697 en 2020.

Todos los partidos de gobierno, pero especialmente Alicia Kirchner, son responsables de este abandono, en una provincia que duplica los índices nacionales de suicidio.

Según estadísticas policiales hubo 37 suicidios en 2020 y 54 en 2021 en Santa Cruz lo que lleva a una tasa de veinte suicidios por cada 100 mil habitantes, cuando a nivel nacional oscila entre 7 y 10 casos cada misma cantidad de habitantes.

“La salud mental y la prevención del suicidio también están siendo sacrificadas en el altar del ajuste exigido por el FMI, con el apoyo de los partidos del poder”, reclaman desde el Polo Obrero.