En su primer artículo establece que el objetivo es "evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Provincia o de la Nación, puedan ser candidatos en elecciones generales a cargos públicos provinciales, funcionarios provinciales, o ser designados para ejercer cargos partidarios en la provincia de Santa Cruz".

Por lo tanto, establece en un segundo artículo la prohibición para postularse a cargos electivos, como también para ser "designados" ya sea como funcionarios provinciales, o cargos partidarios. Para ser alcanzados por esta prohibición, la condena debe haber sido dada por "un Tribunal, Cámara Criminal o Juez competente".

A diferencia de otras normas que hay en el país, dónde se establece que la condena se considera firme, cuándo hay fallo de las máximas autoridades judiciales, en la ley que propician los diputados de Nueva Santa Cruz, plantean el camino contrario.

Que la prohibición estará vigente hasta "la revocación definitiva de la sentencia" o "condena" o bien se de "el paso de 8 años, a partir de la conclusión de la sentencia condenatoria".

Pone en cabeza del Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Santa Cruz, la potestad de velar por el cumplimiento de esta ley, en caso de que la misma sea sancionada.