El reporte, que deja en una incómoda posición a los gobiernos provinciales oficialistas, pondera una serie de indicadores en torno a tres criterios: marco legal, derechos políticos y competitividad democrática; para dar con un diagnóstico de la salud electoral.

La reelección indefinida, la ley de lemas, la alternancia en el poder, el acceso a la información y la cobertura de los medios de comunicación son algunos de los muchos parámetros que se evalúan para clasificar a las provincias en tres categorías: integridad electoral moderada, alta o baja.

El informe muestra una especial preocupación por el avance de la ley de lemas, mecanismo que transfiere directamente todos los votos al ganador de una interna. “En el año 2022, al verse comprometidos algunos claustros del poder provincial, varios peronismos provinciales decidieron adoptar nuevamente la Ley de Lemas”, se lee en el texto.

Además de este mecanismo de elección, que según señala el trabajo “pervierte la intención de voto”, en Santa Cruz rige la reelección indefinida, y desde hace muchos años gobierna ininterrumpidamente el oficialismo, motivos que explican en gran parte su baja puntuación y la mala ubicación de las provincias en el ranking.

En el apartado “conclusiones”, el informe exhorta a la implementación de la boleta única de papel que ha “probado ser una exitosa alternativa a la boleta partidaria”. Solo 15 países del mundo, la Argentina entre ellos, no utiliza este mecanismo a nivel nacional, según el informe.

También recomienda la promoción de datos abiertos en favor de una concientización ciudadana y a la erradicación de “artilugios” electorales como “lemas y sublemas”.