Luis Núñez, secretario general del STIA Chubut, ha expresado su apoyo a Raúl Durdos, líder del SOMU, rechazando categóricamente la propuesta empresarial de reducir en un 30 por ciento el salario por producción de los marineros. Núñez, también referente de la CGT del Valle, calificó la propuesta como una "provocación" y exigió la intervención urgente de los gobiernos provincial y nacional.

La parálisis del sector se extiende ya por meses. Buques permanecen varados, los puertos muestran una actividad mínima y las plantas procesadoras están detenidas desde el 31 de mayo, fecha en que venció el convenio salarial del STIA sin que se hayan fijado nuevas negociaciones. Gran parte de la flota congeladora lleva más de tres meses inactiva, y algunos barcos tangoneros no operan desde septiembre de 2024. Esta inactividad prolongada implica que muchos marineros llevan hasta ocho meses sin embarcarse, generando una grave situación económica para sus familias.

La crisis impacta directamente en la cadena productiva del langostino y tiene un efecto dominó en las economías locales, particularmente en ciudades como Puerto Madryn y Puerto Deseado, donde la actividad pesquera es un pilar fundamental.

El SOMU ha mantenido una postura firme, rechazando cualquier modificación de los convenios colectivos, argumentando que ceder a la rebaja salarial sentaría un precedente peligroso. La estrategia del gremio se basa en resistir la revisión de la estructura de costos que alegan las empresas.

Ante la falta de soluciones, el SOMU ha advertido sobre la posibilidad de ampliar el conflicto a escala nacional si no se alcanzan acuerdos en los próximos días, aunque el impacto operativo de un paro total sería limitado dado el nivel actual de paralización. La intención es enviar una señal de unidad y presión a las autoridades.

La próxima semana se presenta como un período decisivo. La continuidad o no del diálogo entre sindicatos y cámaras empresarias determinará si se logra reactivar la actividad pesquera o si se consolida un escenario de crisis profunda en la región patagónica, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance. El gobierno, tanto provincial como nacional, deberá jugar un rol activo para mediar en el conflicto y evitar un mayor deterioro de la situación.