Entre los programas afectados figura ProHuerta, herramienta clave para el autoconsumo familiar en regiones vulnerables. “Era una forma de llevar una dieta digna a personas que podían tener una huerta o criar animales. Hoy eso desaparece sin respuesta”, lamentó Lasagno.

Además, el organismo funciona con presupuesto congelado desde 2023, lo que, sumado a una inflación que superó el 250 por ciento interanual, paraliza investigaciones, tareas de campo, y hasta impide el pago de alquileres y servicios básicos.

A pesar de la gravedad del cuadro, la administración de Claudio Vidal no ha emitido ni un solo comunicado en defensa de los trabajadores del INTA en Santa Cruz ni ha interpelado al Gobierno nacional por el vaciamiento de un organismo que brinda asistencia técnica a productores rurales, cooperativas y comunidades originarias.

“Nos quieren imponer una nueva gobernanza donde el Ejecutivo nacional controle el INTA directamente, sin equilibrio institucional. Eso significa que se maneja el presupuesto, el personal, la información, y pueden ejecutar despidos sin freno”, explicó Lasagno. En este contexto, también está en riesgo la autarquía institucional del INTA, garantizada por ley, debido a las medidas de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger.

El remate fue la venta del histórico edificio del INTA en la calle Cerviño de la Ciudad de Buenos Aires. “Esa plata nadie la va a ver. Y ese patrimonio no se recupera más”, advirtió la delegada.