Impulsada por el diputado Mario Boffi, la ley se vende como un escudo para proteger la sanidad, la producción y el ambiente, pero en realidad es un exceso que entorpece el comercio y la libre circulación de bienes.

La resolución del Senasa, que Santa Cruz demoniza, establece controles sanitarios y de trazabilidad estrictos para garantizar la seguridad de los cortes, algo que la provincia ignora al montar un esquema de control que huele a burocracia innecesaria.

Los fundamentos de la ley, que hablan de un “retroceso gravísimo”, suenan exagerados cuando el Senasa ya asegura que los riesgos están cubiertos.

La normativa faculta a la provincia a poner trabas al ingreso de carnes, animales, frutas y más, con controles en rutas, puertos y aeropuertos, apoyados por fuerzas de seguridad. Inspirada en un proyecto similar de Tierra del Fuego, esta medida no solo roza la extralimitación de competencias nacionales, sino que complica la logística regional sin pruebas claras de un peligro real.

Es un despliegue desproporcionado que puede encarecer productos y generar tensiones con otras provincias. En una reunión virtual, ministros de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego se quejaron de la resolución del Senasa, alegando que pone en riesgo el estatus sanitario patagónico.

Pero sus temores parecen inflados: la norma nacional no elimina el estatus diferencial, y los mercados internacionales, como la Unión Europea o Chile, no han señalado problemas.

La ministra Nadia Ricci insiste en exigir garantías, pero no presenta evidencia de que los controles del Senasa fallen, convirtiendo su reclamo en un grito vacío.La ley, que espera reglamentación en 30 días, refleja una postura alarmista que no justifica el impacto económico que puede generar.

El secretario de Comercio, Pablo Lunzevich, dice que el “asado barato” no vale el riesgo, pero olvida que los productores y consumidores patagónicos podrían beneficiarse de más opciones sin comprometer la sanidad.

La vaguedad que critican en la resolución nacional es irónica, porque su propia ley deja demasiados cabos sueltos, amenazando con un caos administrativo.Santa Cruz, en su afán de desafiar al gobierno nacional, optó por una medida que parece más un berrinche político que una defensa sensata. Lejos de proteger, esta barrera sanitaria puede aislar a la provincia y disparar costos, todo por un temor infundado que no resiste un análisis serio.