La interna provincial no se limita a esa fractura. El PRO enfrenta una intervención ordenada por el Consejo Nacional del partido, que designó a Gustavo Perroni para intentar ordenar el distrito antes de 2026. A ello se suma la denuncia de afiliados contra Sergio Torres, aspirante a encabezar la lista, a quien acusan de no estar afiliado al PRO.

Santa Cruz renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, ninguna en el Senado. El oficialismo apunta a retener el escaño del ex kirchnerista Sergio Acevedo y evalúa acuerdos con la diputada radical Roxana Reyes, cuyo mandato concluye este año. El tercer lugar corresponde al legislador Gustavo Carlos Miguel González, de Unión por la Patria.

Un reciente encuentro entre Vidal y Reyes desató la furia del vicegobernador Fabián Leguizamón, evidenciando un quiebre en el oficialismo. Pese al alto nivel de conflictividad interna, las fuerzas políticas se preparan para presentar listas ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Vázquez y la secretaria electoral María Campos Álvarez.

Vidal, que encabeza la coalición Ser, ha sumado a sectores del radicalismo, Encuentro Ciudadano y Por Santa Cruz. En los últimos meses, incorporó a su gabinete a referentes radicales y buscó respaldo de intendentes opositores, una estrategia que para muchos evidencia su oportunismo político.

El gobernador también se sumó a la coalición “Haciendo Patria” de Maximiliano Pullaro, adoptando un discurso que evita definiciones claras frente al oficialismo nacional y al kirchnerismo.

En el plano opositor, el funcionario nacional Jairo Guzmán, jefe de la gerencia operativa del PAMI en la provincia y afín a la Casa Rosada, busca un lugar en la Cámara baja. Defensor de los vetos presidenciales de Javier Milei, ha calificado al oficialismo de Vidal como “una alianza de tibios” y ha expresado “un asco muy grande por la casta política santacruceña”.

Guzmán generó polémica al respaldar la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Carboeléctrica Río Turbio S.A., calificando a la empresa como “deficitaria” y pidiendo un recorte drástico para dejar de depender de fondos públicos. Comparó su funcionamiento con “un almacén con diez empleados que está cerrado” y cuestionó los “sueldos millonarios” que paga sin producción ni ventas.

Sus dichos motivaron que el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre lo declarara “Persona no grata”, acusándolo de desconocer la importancia económica y social de YCRT para la Cuenca Carbonífera y de amenazar el sustento de miles de familias.