La propuesta, ingresada el 13 de agosto de 2025, plantea un organismo transitorio de un año de duración (con posibilidad de renovación), con participación de los tres bloques legislativos, varios ministerios clave (Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Salud), el Poder Judicial y organizaciones sociales, sindicales, deportivas y religiosas.

Su función: diagnosticar el incremento de episodios de violencia, elaborar un mapa georreferenciado de la conflictividad, identificar factores de riesgo, proponer protocolos de actuación y reformas legislativas.

También se prevén audiencias públicas, talleres de escucha y foros ciudadanos con el fin de incorporar la participación comunitaria y transparencia, y que los informes lleguen a la Legislatura y a la ciudadanía.

La iniciativa de Muñoz desnuda una falla política: un Ejecutivo provincial que no asume el rol que le corresponde en materia de seguridad y prevención de violentos que se multiplican en plazas, calles, clubes y boliches. La comisión, de aprobarse, vendría a suplir la inacción del gobernador, transformando un problema público prioritario en una cuestión delegada a la Legislatura.

El diputado Muñoz enmarca la violencia en factores estructurales como: la desigualdad, la falta de políticas preventivas, la ausencia de espacios públicos seguros y los consumos problemáticos. En este contexto, postula la necesidad de intervenir de forma integral y multidisciplinaria, no limitándose a una lógica meramente punitiva o policial.

Esto refleja una lectura seria del vínculo entre políticas públicas deficientes y crecimiento de la conflictividad social, frente a un gobierno que hasta ahora no encabezó una iniciativa similar desde el Ejecutivo.