Según relatan fuentes locales, Bucarey viajó a Pico Truncado para coordinar con manifestantes de Las Heras y Caleta Olivia, alentando el corte de ruta como medio de protesta. Como dejan trascender desde los sectores afectados, el reclamo “no es por capricho, sino por sobrevivir”.

Su discurso tiene un peso simbólico: fue él quien convocó a la unidad del movimiento, denunciando la indiferencia del Ejecutivo provincial. En una nota radial, Bucarey no solo llamó a cortar, sino que instó a distintos referentes políticos y gremiales a implicarse. Y lo logró: el reclamo dejó de ser fragmentado para transformarse en una acción colectiva potente.

El malestar popular apunta directamente a Vidal. Muchas de las familias que protagonizan la protesta afirman que su situación no es nueva: la pobreza se ha arraigado profundamente durante años. Su crítica no es solo retórica: se acusa al gobernador de tejer una red clientelar política, ampliando su poder mediante nombramientos masivos en la Legislatura. Se habla de “ñoquis” y de una planta política sobredimensionada que, según los manifestantes, no mejora la vida de la gente común.

El descontento también alcanza a la pauta publicitaria oficial, que según voces opositoras se utiliza para mantener una narrativa que no se condice con la realidad de calles apagadas y estómagos vacíos. Mientras hubo promesas de renovación y de un cambio profundo, la dirigencia crítica sostiene que Vidal ha replicado muchas de las dinámicas que dijo combatir: consolidación del poder desde lo institucional sin traducirlo en políticas laborales concretas.

Más grave aún, Bucarey no solo denuncia falta de empleo, sino “negociados” entre Vidal y figuras de su entorno. En ese marco circulan los nombres de su presunto testaferro Rubén Aranda y del vicegobernador Fabián Leguizamón como beneficiarios de una estructura política clientelar: cargos, prebendas, presencia en la Cámara de Diputados —un aparato al que algunos reclaman su racionalización en medio de una crisis social.

Según uno de los testimonios más crudos revelado por Bucarey, un desocupado lo llamó por teléfono para confesar que no tiene cómo alimentar a su hija, en un estado de desesperación tal de estar dispuesto a “cualquier cosa”, aunque tuviera que terminar “en una bolsa negra con las patas para adelante”.

Esa frase estremeció a muchos y se convirtió en motor de protesta: el líder utilizó ese relato para exigir a los poderosos –políticos y sindicalistas– que dejen atrás los discursos y respondan con acciones.

En medio de esta explosión social, los cuestionamientos al gobierno de Vidal no se limitan al plano laboral. Hay otros frentes: crecimiento de la plantilla de la Legislatura, costos siderales para sostener 24 diputados ineficientes, y una estrategia política que algunos critican como clientelar más que social.

Además, en el plano institucional, Vidal también ha sido criticado por su presión para reformar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, promoviendo una ampliación del órgano para nombrar nuevos jueces, lo que desató una escalada con el poder judicial.

Este escenario dibuja una crisis de gobernabilidad con raíces profundas: no solo es una disputa por empleo, sino un conflicto más grande sobre el poder, la representación y la vocación real del Estado santacruceño.

En él, Bucarey ha emergido como figura clave, movilizando el descontento y recibiendo críticas tanto del oficialismo como de la oposición, que se preguntan hasta dónde llega su influencia y por qué su lucha resuena tan fuerte en una población golpeada por la desocupación.

Si Vidal no ofrece respuestas concretas —y pronto— el descontento podría consolidarse como un punto de inflexión en su gestión.