La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 4, presidido por Néstor Costabel, como parte del proceso para ejecutar el decomiso ordenado en la sentencia, que supera los 60 millones de dólares.

A comienzos de diciembre, la Corte puso en marcha el operativo para inscribir los bienes decomisados bajo su titularidad, en línea con lo previsto por el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación, con el objetivo de que esos activos regresen finalmente al Estado Nacional.

La condena dictada en abril de 2021 fijó el decomiso de unos 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas, además de montos en pesos ajustados por inflación.

Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023 y quedó firme en mayo de 2025, cuando la Corte rechazó los recursos presentados por los condenados, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La ejecución de esos decomisos derivó en un conflicto institucional tras la creación del Consejo de Bienes Recuperados por decreto del Poder Ejecutivo. La medida fue objetada por la Corte y suspendida por una cautelar judicial, que dejó en manos del Poder Judicial la administración de los bienes ilícitos.

La investigación probó que entre 2010 y 2013 operó una estructura criminal que, a través de Austral Construcciones y la financiera SGI, lavó más de 54,8 millones de dólares, además de otras maniobras como la compra de inmuebles, autos de lujo y el financiamiento de gastos personales con dinero de origen ilegal.