El reclamo fija un piso concreto: que “un agente perciba la suma de 3.800.000 de pesos… netos de bolsillo”. También exige el pago del 100 por ciento de los viáticos —hoy, según detallan, se abona solo el 50 por ciento—, la actualización de salarios familiares y el reconocimiento de horas extras, feriados, fines de semana y nocturnidad, que “no son reconocidos ni remunerados de manera diferenciada”.

Además, piden un adicional por insalubridad ante “situaciones permanentes y riesgosas”, con exposición constante a violencia, estrés y riesgo físico y psicológico. En otro punto, solicitan integrar la mesa del Consejo del Salario porque “no son, ni se sienten representados por los órganos de representación actuales”.

El mensaje al gobernador es directo. Señalan que lo pedido “no se trata de un privilegio, sino más bien de un reclamo legítimo de justicia salarial, dignidad laboral y reconocimiento institucional”.

Para todo lo anteriormente planteado, exigen respuesta en 72 horas y advierten que se reservan “el derecho de adoptar medidas de acción directa”.

Lamentablemente, el conflicto no es aislado. En distintos puntos del país se replican manifestaciones de fuerzas de seguridad que denuncian salarios pulverizados. Como, por ejemplo, en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro respondió con quita de salarios y despidos masivos. En Santa Cruz, los oficiales esperan que el resultado sea distinto y reconozcan, de una vez por todas, la gran labor que realizan.