Denuncian abandono y falta de seguridad tras el ataque con arma blanca dentro de la universidad en Río Gallegos
La comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral quedó conmocionada después de que un trabajador no docente apuñalara a un estudiante dentro del campus universitario de Río Gallegos y escapara del lugar sin ser detenido en el momento.
El ataque ocurrió el 19 de mayo cerca de las 19 horas, en uno de los pasillos del sector E, mientras el edificio estaba lleno de estudiantes, docentes y trabajadores. Según denunciaron desde el Centro de Estudiantes y distintos sectores universitarios, el alumno herido fue asistido inicialmente por compañeros y docentes ante la ausencia de protocolos claros de actuación y prevención.
Tras el episodio, estudiantes recorrieron el campus para asegurarse de que no quedaran personas expuestas dentro del predio mientras todavía no se conocía el paradero del agresor. También cuestionaron que las autoridades pidieran evacuar un campus “poco iluminado” sin garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes debían regresar a sus hogares.
Dos días después del ataque, el Centro de Estudiantes independiente convocó a una asamblea que reunió a estudiantes, docentes y no docentes para exigir respuestas institucionales, justicia y mayor presupuesto para seguridad universitaria.
Durante el encuentro se reclamó la incorporación de más personal de seguridad, mejoras en luminarias, cercos y senderos seguros alrededor del campus. También se pidió reforzar los espacios de acompañamiento psicológico y garantizar recursos para programas de género y asistencia a víctimas de violencia.
Además, desde las agrupaciones estudiantiles cuestionaron que el agresor recuperara la libertad y denunciaron que las autoridades universitarias mantuvieron abiertas las actividades sin anunciar restricciones o medidas preventivas concretas.
La protesta derivó en una nota firmada por agrupaciones y estudiantes para exigir el cierre temporal del campus, medida que finalmente se aplicó durante el 22 y 23 de mayo. Paralelamente, distintos sectores universitarios convocaron a movilizaciones para reclamar justicia por el estudiante atacado y denunciar el ajuste presupuestario sobre las universidades públicas.
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