El financiamiento del proyecto proviene íntegramente de bancos chinos, entre ellos el China Development Bank, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China. La obra está a cargo de la empresa estatal Gezhouba, que participa en distintos proyectos de infraestructura energética en América Latina.

La reactivación de la represa también tiene implicancias en la política exterior argentina. El proyecto forma parte de los acuerdos financieros que sostienen el swap de monedas entre Argentina y China, una herramienta clave para la estabilidad de las reservas del Banco Central y para la relación económica entre ambos países.

Las represas habían atravesado distintos momentos desde su inicio. Durante el gobierno de Mauricio Macri el proyecto fue revisado por cuestionamientos ambientales y contractuales, mientras que durante la gestión de Alberto Fernández las obras continuaron con avances y demoras.

Cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el Ejecutivo decidió suspender la construcción hasta revisar las condiciones del contrato y el financiamiento. Esa decisión provocó una fuerte reducción en la actividad del proyecto, que pasó de unos 3500 trabajadores en su momento de mayor actividad a menos de 100 empleados dedicados a tareas de mantenimiento.

En ese contexto, la empresa constructora había advertido que no aportaría nuevos fondos hasta que el Gobierno firmara los acuerdos necesarios para continuar con el proyecto. Con la decisión de reactivar la obra, el Ejecutivo busca normalizar el vínculo con los financistas chinos y avanzar con uno de los principales proyectos energéticos del país.