ADOSAC, en cambio, responsabiliza al gobierno de Claudio Vidal por el incumplimiento de acuerdos paritarios y la precarización de la educación pública, exigiendo soluciones urgentes.

El paro de 72 horas que comenzó el lunes se fundamentó en el incumplimiento del acta paritaria firmada el 28 de marzo, donde el Ejecutivo provincial se comprometió a reabrir la discusión salarial en julio, algo que no ocurrió.

“La salida al conflicto está en manos del Gobierno provincial”, aseguró ADOSAC en un comunicado, subrayando que siempre apostaron al diálogo, pero que el Ejecutivo “no ha honrado los compromisos asumidos”.

Posiblemente este sábado, el gremio realice un Congreso extraordinario para definir si la próxima semana se profundizan las medidas de fuerza.

En ese marco, el sindicato docente expuso una realidad alarmante: los salarios de los docentes están muy por debajo de la Canasta Básica Total en la Patagonia, que según la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco supera los 1.480.000 de pesos.

Muchos maestros deben tomar doble cargo para sobrevivir, mientras la inflación erosiona sus ingresos.

“La educación pública no se sostiene con salarios de pobreza ni con escuelas deterioradas”, sentenciaron desde ADOSAC, exigiendo mayor inversión en infraestructura escolar y el cumplimiento del 25 por ciento del presupuesto educativo establecido por la Ley Provincial 3305.

El gremio también rechazó las declaraciones de Barrientos, quien atribuyó el conflicto a la estructura interna de ADOSAC y apuntó contra el secretario adjunto, Miguel Del Plá, por una supuesta falta de “escucha”.

ADOSAC aclaró que las medidas de fuerza no son decisiones de la conducción, sino que surgen de asambleas democráticas en cada filial, ratificadas por el Congreso Provincial.

“Barrientos busca deslegitimar nuestra lucha, pero las decisiones son colectivas y reflejan el malestar de miles de docentes”, afirmaron.

La gestión de Vidal, que asumió con promesas de recomponer el poder adquisitivo, enfrenta un creciente desgaste.

Los docentes señalan que los incrementos salariales otorgados hasta ahora son insuficientes frente a la inflación patagónica, y que la falta de diálogo agrava la crisis.

La ausencia de una mesa paritaria efectiva y la precariedad de las escuelas refuerzan la percepción de un gobierno que, lejos de resolver los problemas, opta por la confrontación.

Mientras la gobernación y los docentes se acusan mutuamente, la educación pública en Santa Cruz sigue en jaque.

ADOSAC reafirmó su compromiso con el dictado de clases, pero advirtió que la calidad educativa no puede sostenerse “a cualquier costo”.

La exigencia es clara: salarios dignos, escuelas en condiciones y cumplimiento de los acuerdos paritarios.

Sin respuestas concretas, el Congreso docente de este sábado podría marcar el inicio de una nueva etapa de protestas.