Escándalo judicial en Río Turbio: denuncian venta de armas robadas de un juzgado

En Río Turbio, Santa Cruz, un caso de robo y presunta venta de armamento secuestrado sacudió al Poder Judicial provincial. El incidente ocurrió en el Juzgado Provincial Nro. 1 de Instrucción y Penal Juvenil, a cargo de la jueza Betina Bustos, quien enfrenta fuertes críticas por parte de sectores políticos y sociales.
Entre los principales denunciantes se encuentra Roberto Bucarey, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quien señaló irregularidades en la administración de justicia y vinculó el caso con la corrupción sistémica en la provincia.
Bucarey no escatimó en cuestionamientos. “Estamos en presencia de la peor corrupción. Robar armas bajo la mirada de una jueza no tiene explicación. Además, alguien la sostiene en su cargo, y el Presidente de la Justicia provincial debe asumir su responsabilidad”, expresó en una entrevista con El Provincial. Según el sindicalista, la lentitud y el favoritismo judicial son moneda corriente en Santa Cruz, beneficiando a las élites mientras los casos de ciudadanos comunes se estancan por años.
El denunciante también criticó la falta de avances en denuncias de alto perfil, mencionando un caso personal contra el empresario Lázaro Báez, rechazado inicialmente por la justicia provincial pero admitido en el fuero federal. Para Bucarey, esta situación evidencia una justicia parcializada, diseñada para proteger a los poderosos y perpetuar la impunidad.
El caso del robo de armas no es un hecho aislado, sino parte de un escenario más amplio de desconfianza hacia el Poder Judicial santacruceño. Además de la cuestionada jueza, Bucarey señaló como responsable al presidente de la justicia provincial, a quien acusó de frenar expedientes y evitar sanciones. “En esta provincia, los jueces son designados por la política, y eso mancha todo el sistema”, agregó.
La comunidad espera respuestas claras ante un hecho de tal gravedad, mientras crecen los pedidos para que la jueza Bustos dé un paso al costado. Este episodio deja en evidencia las profundas fallas estructurales de la justicia provincial, una vez más, y subraya la necesidad urgente de reformas que garanticen transparencia y equidad.