Las acusaciones alcanzan también a Carina Rodríguez y Carlos Borda, a quienes señala como parte de una red que, con poderes firmados por el propio Báez, alquilaban propiedades y trasladaban maquinaria incautada por la Justicia Federal. “Todo lo que es de Austral Construcciones se sigue moviendo como si nada. Hay impunidad total”, dijo Bucarey.

El caso sumó un nuevo capítulo esta semana cuando un camión fue detenido en Caleta Olivia con maquinaria perteneciente a Báez. Iba conducido por los hermanos Toledo, acusados previamente por lavado de dinero, narcotráfico y contrabando en la causa Cuenca Austral. Pese a tener restricciones judiciales, estaban trasladando bienes incautados.

Bucarey apunta contra la jueza Betina Busto, quien inicialmente rechazó su denuncia por “falta de pruebas”, y responsabiliza a la justicia de Santa Cruz por no actuar. Ante la negativa local, la denuncia fue finalmente aceptada por la Justicia Federal en Buenos Aires, donde la causa avanzó.

Además, el denunciante denunció haber recibido amenazas de muerte tras exponer la trama, y afirmó que Insaurralde y su entorno se manejan con total libertad, organizando hasta eventos en predios judicializados. Según aseguró, hay fotografías y pruebas documentales de la participación de los involucrados, que fueron remitidas a medios nacionales y al juzgado federal.

“El que denuncia termina amenazado. Y la justicia, en vez de actuar, premia a los responsables”, sentenció Bucarey, quien pidió protección para él y su familia.