Según publicaciones del portal Corrupción Argentina, Romina Mercado figura desde hace años como representante legal de la empresa Fainser SA, una firma que litigó contra la UTE Isolux Corsán–YCRT reclamando sumas millonarias por obras vinculadas a la usina de Río Turbio.

Aquella empresa, envuelta en cuestionamientos por adjudicaciones y retrasos en la ejecución de proyectos energéticos, fue señalada por mantener estrechos vínculos con funcionarios y contratistas ligados al kirchnerismo.

Los mismos informes recuerdan que, en 2016, Alicia Kirchner firmó un decreto por el cual nombró a su hija como fiscal de Estado de Santa Cruz.

El cargo, según se aclaró entonces, era "ad honorem", aunque la decisión generó fuerte polémica en torno a la concentración de poder y la falta de transparencia institucional.

Romina Mercado ya era conocida por haber presidido Hotesur SA, la firma familiar que administró los hoteles de los Kirchner, involucrada en causas por presunto lavado de dinero.

En paralelo, la justicia de Santa Cruz continúa siendo objeto de críticas por la participación de familiares o allegados en causas que rozan directamente al entorno gobernante.

Una de las investigaciones más sensibles es la que apunta a la venta de terrenos fiscales en El Calafate a valores muy por debajo del mercado, operación de la que habrían participado decenas de personas vinculadas a la familia Kirchner.

En ese contexto, la posible intervención de fiscales con lazos familiares dentro del propio círculo político ha generado inquietud y sospechas de falta de imparcialidad.

Al día de hoy, mientras el kirchnerismo mantiene una presencia política disminuida pero aún influyente en el sur argentino, los ecos de aquellas denuncias siguen resonando.

Romina Mercado, que alterna entre el ejercicio privado del derecho y funciones institucionales, continúa representando para muchos un símbolo de la fusión entre poder político y estructura familiar que marcó a Santa Cruz durante más de veinte años.

Aunque las causas judiciales avanzan lentamente, las designaciones, los contratos y las investigaciones en torno al apellido Kirchner y su entorno siguen siendo una muestra de cómo los lazos de sangre y el poder estatal se entrelazan en la historia reciente de la provincia patagónica.