Proponen un examen toxicológico obligatorio para funcionarios y autoridades electas
En el Concejo Deliberante de Pico Truncado ingresará un proyecto de ordenanza que busca instalar un requisito inédito en la provincia: que todos los funcionarios municipales y las autoridades electas se sometan de manera obligatoria a un examen toxicológico de orina.
La iniciativa fue presentada por el concejal Carlos Morón y apunta, según sostiene el texto, a “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”. El alcance de la propuesta abarca a todas las personas que desempeñen tareas en nombre o al servicio del Estado Municipal, ya sea de manera temporal o permanente, remunerada u honoraria, por designación, concurso o elección popular.
¿Qué sustancias se detectarán?
El test será de tipo “screening” y estará destinado a identificar el consumo de sustancias psicoactivas no prescriptas, entre ellas cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas.
El Ejecutivo municipal deberá designar una autoridad de aplicación encargada de recibir los certificados emitidos por instituciones de salud habilitadas. Los resultados solo podrán difundirse en caso de ser positivos y tendrán una validez de 48 horas, período en el que deberán presentarse en la Dirección de Recursos Humanos.
Contraprueba y sanciones
El proyecto prevé la posibilidad de realizar una contraprueba. Sin embargo, si se confirma el resultado positivo, las consecuencias serán inmediatas:
-Para los funcionarios designados: cese en el cargo.
-Para las autoridades electas: suspensión o revocación del mandato, según lo que establece la Constitución Provincial.
Además, la ordenanza específica que negarse a realizar el examen será equivalente a un resultado positivo, aplicándose las mismas sanciones.
¿Quién paga los estudios?
Otro punto clave del proyecto es el financiamiento: los costos de los análisis deberán ser afrontados por cada funcionario, sin afectar los recursos del municipio.
De aprobarse, la medida podría convertirse en un precedente dentro de Santa Cruz y abrir un debate más amplio sobre los mecanismos de control destinados a reforzar la confianza ciudadana en quienes ocupan cargos públicos.
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